La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. También se reconoce expresamente la presunción de inocencia en el apartado 2 del artículo 24 de la Constitución española, elevándola al rango de derecho fundamental. Además, el derecho a ser considerado socialmente inocente mientras no exista una sentencia condenatoria es parte integrante del contenido del derecho fundamental al honor, también contemplado en nuestra Constitución.
